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SENTENCIA CONTRA WIZINK: Nº 67/19 JDO 1ª INST Nº10 DE CÓRDOBA

Sentencias wizink

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE CORDOBA

JUICIO ORDINARIO 1409-A/2018

SENTENCIA Nº 67/19 En Córdoba, a 26 de marzo de 2019.

Vistos por mí, D. Pedro Pablo Ruiz Hidalgo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Córdoba, los autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado bajo N.º 1409-A/2018 , a instancia de XXXXXXXXX, representado por el procurador don José María Murcia Sánchez y asistido por el letrado don Fernando Renedo Arenal; contra la entidad WIZINK BANK S.A, representada por la procuradora doña Eva María Timoteo Castiel y asistida por el letrado don Abraham Mora Llerena; cuyos autos versan sobre nulidad del contrató crédito/tarjeta y subsidiaría acción de nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, acumulando acción de reclamación de cantidad, y, atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el procurador don José María Murcia Sánchez en representación de XXXXXXXXX se formuló demanda de Juicio Ordinario contra WIZINK BANK S.A, en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba solicitando se dictase sentencia por la que DECLARE A. La nulidad RADICAL ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato por tratarse de un contrato USUSARIO con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura. B. Subsidiariamente, declare la ABUSIVIDAD Y NULIDAD DE LA CLAUSULA DE INTERESES REMUNEATORIOS con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 1303 del código civil. C. En cualquiera de los supuestos anteriores, se CONDENE a la entidad WIZINK BANK a fin de que reintegre a mi representado cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito, excedan a la cantidad dispuesta, que esta parte no puede concretar. D. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida la demanda por decreto de 26 de noviembre de 2018 se emplazó a la demandada para que contestase a la demanda. En representación de la entidad WIZINK BANK S.A ha comparecido la procuradora doña Eva María Timoteo Castiel, contestando la demanda y, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación ha solicitado que se dicte sentencia que acuerde la desestimación integra de la demanda con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora..

TERCERO.- Por decreto de fecha 6 de febrero de 2019 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a la audiencia previa, señalándose como fecha de celebración el día 27 de febrero de 2019.

CUARTO.- En el día y hora fijado tuvo lugar la audiencia previa, asistiendo todas las partes, con el resultado que obra en el acta levantada al efecto. Al haberse propuesto únicamente prueba documental no impugnada, los autos quedaron pendientes de dictar sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Objeto del pleito. El demandante pretende que se declare nulidad RADICAL, ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato de tarjeta de fecha 6 de noviembre de 2009 firmado con la ahora financiera WIZINK al no superar el control de validez de la Ley de Represión de la Usura de 1908. En el contrato objeto del presente procedimiento nos encontramos ante un tipo de interés nominal (T.I.N.) remuneratorio del 24,90% y su equivalente T.A.E. del 26,82 %, que es muy superior al 9,133% del interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre 1 y 5 años, en la fecha en la que se le imputa al demandante la primera disposición del crédito, puesto que, con anterior a esta, no se sabe qué tipo de interés se le estaba aplicando al no reflejarse en el propio contrato. Se afirma que nos encontramos ante un Interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso Subsidiariamente se solicita la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por tratarse de una cláusula abusiva, por falta de transparencia. Se mantiene que en el contrato ni siquiera encontramos una cláusula de intereses remuneratorios, sino que los mismos se establecen en el ANEXO tanto en el contrato firmado por el demandante en el año 1999 como en las nuevas condiciones remitidas en el 2016. en definitiva se afirma que la cláusula sobre el tipo de interés no puede superar los controles de incorporación y transparencia no solo por la falta de claridad, concreción y sencillez sino también por el incumplimiento de la normativa imperativa aplicable, y porque de la escasa información dada, el consumidor no puede alcanzar la comprensibilidad real de la operación, quedando vinculando a una contratación en absoluto desconocimiento del funcionamiento y repercusiones jurídicas y económicas de la misma. La demandada se opone a dicha pretensión básicamente por los siguientes motivos: l. Todas las cláusulas del contrato superan el doble control de inclusión y transparencia. II. El tipo de interés remuneratorio, en tanto elemento esencial del contrato, no está sujeto al control de abusividad. 111 III. Las cláusulas cuya abusividad se solicita son lícitas y no abusivas; IV. La capitalización de intereses devengados, vencidos y aplazados es conforme a Derecho y no genera una situación de desequilibrio entre las partes; V. La facultad del Banco para modificar unilateralmente las condiciones aplicables al Contrato es lícita; VI. La actuación de XXXXXXXXX contraviene sus actos propios.

SEGUNDO.- Confluencia normativa en materia de intereses remuneratorios. Con relación a las cláusulas de intereses remuneratorios, dado que se considera que dichos intereses forman parte del precio, se ha estimado que tales cláusulas no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia. El TJUE ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la regla de transparencia en la sentencia de 10 de mayo de 2001. Como señala el Abogado General Tizzano en las conclusiones, mediante la transparencia en la redacción de las cláusulas se persigue que el predisponente ofrezca al consumidor «las informaciones necesarias para decidir con pleno conocimiento de causa. La transparencia en la redacción de las cláusulas cumple, por lo tanto, un cometido de información precontractual porque en un contexto en el que ha desaparecido la negociación, la plasmación documental de las cláusulas se convierte, junto con la publicidad, en la principal fuente de información sobre el contenido del contrato de la que dispone el consumidor. Conforme a este cometido, la regla de transparencia en la redacción de las cláusulas no puede limitarse a una exigencia formal del cumplimiento de las condiciones de cognoscibilidad de las cláusulas predispuestas, pues para que el cliente tenga la posibilidad de elegir la opción del mercado que más le convenga, no basta con que se le aporte la posibilidad de conocer el contenido contractual, sino que es preciso que tenga una información precontractual especialmente clara y destacada sobre determinados aspectos del contrato sobre los que funda su decisión de contratar, especialmente el precio y la prestación, de tal manera que los mismos le resulten conocidos y puedan ser valorados antes de la celebración del contrato. La inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, puede tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado la que mejor se adecua a sus preferencias. La Sentencia dictada por la Sala Primera del TS el 11 de abril de 2013 —STS 221/2013— ha vuelto a delimitar el control de transparencia definido como un parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta y no negociada, fuera del ámbito del «error propio» o «error vicio», que cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. No cabe duda que el control de transparencia con el significado aludido, podrá constituir una herramienta jurídica adecuada, y diferente del error en el consentimiento al tratarse de un parámetro objetivo o abstracto, que servirá para analizar la validez de otros contratos ofertados en masa. De manera que también en nuestro ordenamiento, es posible entender el deber de transparencia en la redacción de las cláusulas conforme a la Jurisprudencia del TJUE, y superar la rígida separación entre transparencia y equilibrio sustancial, pudiendo ser la transparencia un elemento que tenga incidencia en el juicio de abusividad por ser la falta de transparencia --cuando se refiere a aspectos del contrato que tengan incidencia en la decisión de contratar y fundamentalmente a la determinación de las prestaciones principales--, instrumental a un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor consistente en la alteración subrepticia del equilibrio económico y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir la opción de mercado que mejor se adecue a sus preferencias. Y la STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 ) declara: "7. De acuerdo con la anterior caracterización, debe señalarse que en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de este modo de contratar, el control de transparencia responde a un previo y especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales..... . Extremo o enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni excluye ni suple la mera "transparencia formal o documental" sectorialmente prevista a efectos de la validez y licitud del empleo de la meritada cláusula en la contratación seriada..." Y añade que: "Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13 EDJ 2014/64254, declarando, entre otros extremos, que: "El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Tras exponer la referida jurisprudencia, y dado que el control de transparencia en última instancia tiene su fundamento en el art. 4.2 de la Directiva del 93, la conclusión que cabe alcanzar es que debe de ser objeto de un examen judicial de oficio, y cuando, en el marco de un procedimiento judicial aflora una cláusula que define el objeto principal del contrato y de la que puede deducirse, de forma más que probable, que no ha superado el filtro de transparencia, se le debe de dar el mismo tratamiento que el de las cláusulas propiamente abusivas. Por otro lado debe de tenerse en cuenta que si bien es cierto que las cláusulas de intereses son, en principio acuerdos válidos en virtud del principio de libertad de pacto contenido en el art. 1255 CC y de las normas que disciplinan los contratos de financiación (v. gr., los arts. 1740 y ss., del CC sobre el contrato de préstamo y los arts. 311 y ss., del Cco). No obstante, esa libertad de estipulación de las cláusulas de intereses no es absoluta, como señala el propio precepto, en el sentido de que se encuentra limitada por la Ley, la moral y el orden público.


Pues bien, con respecto de la Ley, como límite al pacto de intereses remuneratorios, es obligatorio mencionar la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (en adelante LRU), cuyo art. 1º regula los préstamos considerados usurarios. La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria se inclinan hacia una interpretación amplia del precepto y mantienen la existencia de tres grupos de préstamos usurarios: a) aquéllos en los que el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; b) contratos de préstamo estipulados en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales; c) contratos de préstamo en los que se suponga recibida mayor cantidad de la realmente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Vemos, pues, que en materia de intereses remuneratorios se puede producir una confluencia de la normativa jurídica sobre consumo y usura. Es decir, un mismo supuesto de hecho podría entrar dentro del ámbito de protección de normas jurídicas distintas -Ley de usura y Ley de consumidores-, con consecuencias jurídicas también diferentes. La Ley de usura declara la nulidad del préstamo usurario (art. 1), con la consecuencia de que el prestamista se ve privado no sólo del interés remuneratorio pactado, sino de cualquier otro interés –moratorio, anatocístico o futuro que pudiera establecerse (art. 3); de modo que el prestamista no tendrá ningún derecho a obtener remuneración alguna por el capital prestado y el prestatario devolverá de una sola vez el préstamo realizado. Por su parte, la LGDCU tan sólo declara la nulidad de la cláusula que incorpora el interés excesivo, permaneciendo el clausulado restante en vigor y subsistente el contrato de préstamo. Ello quiere decir que la aplicación de una u otra norma, en principio, no resulta indiferente. Ahora bien, tal y como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 19 de enero de 2017, prima el control de usura, de modo que si se supera dicho control se puede entrar a examinar las cláusulas del contrato conforme a la normativa de consumo:

“…en la concurrencia o acumulación objetiva de acciones de nulidad por usura y por abusividad de cláusulas, ha de primar el análisis de aquella acción frente a ésta, al afectarse a la totalidad del contrato, de modo que rechazada la misma y subsistente el negocio, sería entonces cuando habría de entrarse a valorar ya las concretas cláusulas del mismo que estuvieren viciadas por abusividad. Sin que sea dable el análisis compartido de una y otra normativa, ni quepa dar primacía a la normativa sectorial o especial de consumidores, sobre la general de usura, sino al revés. De hecho el control de usura es muy anterior y consolidado al juicio de la abusividad y en tutela de cualquier prestatario, y constituye por su rango legal un límite de análoga naturaleza -de los escasos limites legales-, a la libertad de pactos así también sobre el precio o remuneración del negocio oneroso.

TERCERO.- Examen del interés remuneratorio conforme a la Ley de Represión de la Usura de 1908 (en adelante LRU) y la sentencia del TS nº 628/2015, de 25 de noviembre de 2015. A la hora de examinarse los requisitos de la LRU se va a proceder a tomar como referencia la sentencia del Tribunal Supremo nº 628/2015, Sala de lo Civil, de fecha 25 de noviembre de 2015, no solo por ser la última resolución dictada que viene a interpretar la LRU, sino también porque se refiere precisamente a un crédito revolving. En esta sentencia, el TS realiza un análisis de la aplicación de la LRU, que entiende como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente». Efectivamente, aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, la conclusión que se alcanza es que es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido». En consecuencia la LRU es perfectamente aplicable a la operación crediticia objeto del presente procedimiento. Una vez resuelto el tema de la aplicación de La Ley de la Usura, el TS, recoge la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de los años 40, “…y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija “que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Es decir, es suficiente para incurrir en el concepto de “usura” con que el interés sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. Nuestro Alto Tribunal no considera imprescindible la presencia de la circunstancia expresada en la segunda parte del artículo 1 de la LRU, consistente en que existan “motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Pues bien, conforme a la referida sentencia, para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero (concepto jurídico indeterminado) y, por tanto, si hay o no usura, se debe tener en cuenta la tasa anual equivalente (TAE) y no el nominal, pues resulta «más transparente» para el prestatario. Y para establecerse lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). A efectos informativos y estadísticos, las entidades de crédito tienen que informar mensualmente al Banco de España de los tipos de interés que apliquen a diversos tipos de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último –asistido por los bancos centrales nacionales- de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002Abre en nueva ventana, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí el Banco de España, a través de su Circular 4/2002 , de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada. Circular 4/2002, de 25 de junio, derogada por la disposición derogatoria de la Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras («B.O.E.» 5 febrero), excepto la norma adicional por la que se modificó la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela. De este modo el interés medio para préstamos similares es un dato que obra en el Banco de España, pudiendo ser consultados dichos datos, dado que son públicos, en la web de dicha entidad. En el presente caso el TAE aplicado es del 26,82 %. Se puede constatar, a la vista de los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito, en los créditos al consumo, (operaciones a plazo entre 1 y 5 años), que es notablemente superior al normal del dinero. Según publicación del Banco de España en el mes de junio de 2011 (fecha del contrato aportado como documento nº 1 de la demanda) era de un 7,89%%. Ello quiere decir que el interés remuneratorio aplicado en el presente contrato es un interés muy superior al normal del dinero. Este criterio jurisprudencial viene siendo aplicado por nuestros tribunales, y en concreto cabe citar la sentencia nº 38/201 de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 19 de enero de 2017, Ponente D. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO ROBLES, a la que se ha hecho referencia anteriormente: “..Aquí el interés relevante es el simple interés excesivo en relación al "normal del dinero", en este tipo de operaciones de consumo, y no especulativas, para lo que puede acudirse, como hace la STS 628/2015 de fecha 25/11/2015, a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

Así las estadísticas publicadas en el portal de Internet por el Banco de España, entre 2007 hasta 2016, pues no aparecen ya años anteriores, muestran una oscilación máxima y mínima de los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito en los créditos al consumo, entre 7,14 en junio de 2010 y el 10,66 en enero de 2014, mientras que el T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos), en el mismo periodo, oscilaba entre el 7,47 en diciembre de 2008 y el máximo del 11,72 en enero del mismo año. ( http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/entidades/ ).

En el presente caso, el TAE pactado para la línea de crédito se elevaba al 22,95%, lo que resulta un interés notablemente superior al normal del dinero, más del doble, aún partiendo de la discriminación de intereses efectivamente aplicados que se hace en la sentencia recurrida entre un nominal anual -que no TAE- del 20,88% (de mayo de 2004 a julio de 2008) y del 15,72% (de agosto de 2007 a febrero de 2011) como aplicado por parte de la actora. Ese tipo de interés remuneratorio también es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, al encontrarnos como hemos visto, ante un crédito concertado con un consumidor o usuario cuya profesión era de administrativo con el nivel de ingresos y de endeudamiento hipotecario, según lo que consta en el contrato” Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Ciertamente resulta legítimo que las entidades de crédito impongan un tipo de interés mayor al habitual de otros créditos si se asume mayor riesgo, si no se ofrecen otras garantías o si se valora la celeridad en la puesta a disposición del crédito para afrontar el pago de necesidades puntuales o urgentes. Ahora bien, mayor a lo habitual no legitima un interés que es el doble a tipo medio en España o el triple en la zona Euro, salvo que existan circunstancias excepcionales, lo cual no consta en el presente caso. Al respecto la referida sentencia del TS indica que “En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal. Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”. Todo lo expuesto permite concluir que se ha infringido el art. 1 de la LRU.

CUARTO.- Consecuencias del carácter usurario. El carácter usurario del crédito concedido al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta el TS como « radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio. Además no resulta de aplicación la doctrina de los actos propios. La jurisprudencia de la Sala Primera del TS establece que sólo son susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, a saber los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva, la doctrina de los actos propios, no es aplicable en materia de nulidad ( SSTS 10 de junio y 10 de febrero de 2003).

Y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art.3 de la Ley de Represión de la Usura: Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado Así, pues, la declaración de nulidad del contrato de préstamo usurario produce como efecto fundamental el que el prestatario está obligado a entregar tan solo lo recibido, de tal modo que queda dispensado de pagar intereses, usurarios o legítimos. Bien es cierto que el art. 1.303 CC dispone que "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses", pero los efectos de la nulidad que afecta a los préstamos usurarios no son los derivados de dicha norma, sino los previstos con carácter especial por el art. 3 de la Ley sobre Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, no resultando aplicables las normas generales sobre las obligaciones y de retraso en su cumplimiento (arts. 1.100, 1.101 y 1.108 CC), en tanto no puede existir demora en una obligación cuya nulidad es de carácter radical y absoluto. De este modo, tal y como solicita la parte actora, se ha de computar como capital dispuesto el total de las cantidades dispuestas con la tarjeta y como capital abonado todas las cantidades abonadas por el actor por razón del crédito, de modo que la entidad WIZINK BANK deberá de reintegrar, en su caso, las cantidades abonadas durante la vida del crédito que excedan de la cantidad dispuesta.

QUINTO.- Costas. Al estimarse la demanda procede la imposición de costas a la parte demandada conforme al principio objetivo del vencimiento.


FALLO

ESTIMAR LA DEMANDA interpuesta por XXXXXXXXX contra WIZINK BANK S.A, A. Se declara la nulidad RADICAL ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato por tratarse de un contrato USUSARIO con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura. B. Se condena a la entidad WIZINK BANK a fin de que reintegre al actor cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito excedan a la cantidad dispuesta. C. Todo ello con expresa condena en costas a la demandada. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, previo ingreso en el Juzgado de la cantidad de 50 € a depositar en la cuenta del Juzgado nº 4423000000140918, (concepto: recurso-02) sin cuyo requisito no se admitirá a trámite el recurso, de conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes de la LEC.

Sentencia - Santander Consumer Finance por tarjeta revolving: Reclamar y denunciar con abogados especialistas

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Resumen Sentencia contra Santander Consumer Finance por tarjetas revolving

SENTENCIA 30/2019 DEL JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº5 DE CEUTA CONTRA SANTANDER CONSUMER FINANCE

El pasado febrero de 2019, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº5 de Ceuta, un nuevo afectado por las tarjetas revolving obtuvo un resultado exitoso como el resto de casos gestionados por Reclama Por Mí.

En esta ocasión, el juez declaró la nulidad del contrato de una tarjeta revolving Mastercard de Santander Consumer Finance formalizada en 2012 por contener un interés usurario. En el momento de la contratación de la tarjeta Santander Consumer Finance las condiciones financieras superaban el 20% TAE , ascendiendo al 27,91% en este caso, mientras el tipo de interés medio de los préstamos al consumo en ese momento se situaba en torno al 7%.

Debido al tipo de interés leonino aplicado en la tarjeta de crédito de Santander Consumer Finance, la parte afectada pese a haber pagado más de 10.000€ durante los años transcurridos de la línea de crédito, seguía debiendo un capital cercano a 4.000€.

Como resultado, la entidad financiera Santander Consumer Finance ha sido condenada a eliminar los intereses y demás cargos adicionales que no corresponden a la cantidad financiada. De esta forma, además de eliminarse la deuda total, la entidad financiera también se verá obligada a devolver aproximadamente 3.000€ por los pagos que la parte afectada ha realizado de más.

La parte afectada por la usura de la tarjeta revolving del Grupo Santander decidió reclamar al sospechar sobre la cuantía de cargos mensuales que tenía en la tarjeta pese a abonar las correspondientes cuotas.

Tenemos que recordar que este tipo de condiciones financieras de crédito están presentes en otras tarjetas y líneas de crédito revolving de entidades como Cetelem, Cofidis y Carrefour. Por otra parte, entidades financieras más conocidas por prestar servicios financieros tradicionales como BBVA, Bankinter, Santander, EVO y Caixabank también se han unido a la comercialización de tarjetas revolving donde el tipo de interés es superior al 20% .

Si ese fuera su caso, debería consultarlo con un especialista ya que hay opciones de reclamar la eliminación de los intereses, comisiones y otros cargos adicionales como la prima de seguro de pagos protegidos.

 

Aquí la sentencia completa contra Santander Consumer Finance por tarjetas revolving

SENTENCIA 30/2019 DEL JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº5 DE CEUTA CONTRA SANTANDER CONSUMER FINANCE

En CEUTA a 19 de febrero de 2019 Don Antonio José Pastor Ranchal, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Ceuta, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario n° 314/2018, promovidos por DON xxxxxxxxxxxxxxxxA representado por el Procurador Sra Ruiz Reina y asistido del Letrado Sr Renedo Arenal, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. representada por el Procurador Sr. Herrero Jiménez y asistida del Letrado Sr Valriberas Acevedo, sobre acción de nulidad y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 28 de octubre de 2018, el Procurador Sr Ruiz Reina, en representación del actor presentó demanda de juicio ordinario ante el Juzgado Decano de esta ciudad, que por turno de reparto correspondió a este Órgano Jurisdiccional. La demanda se fundaba en los hechos y fundamentos de derecho que se recogen en el citado escrito y terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que;

1-Se acordara la nulidad absoluta y original del contrato por tratarse de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de dicha Ley.

2-Subsidiariamente, se declare la ABUSIVIDAD Y NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE INTERÉS REMUNERATORIO con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 1.303 CC.

3-En cualquiera de los supuestos anteriores, se CONDENE a la entidad SANTANDER CONSUMER, a fin de que reintegre a la actora cuantas sumas abonadas durante la vida del crédito en concepto de intereses.

4-Con costas para la contraria. Admitida a trámite, se emplazó, con traslado de la demanda y de los demás documentos aportados, a la demandada para que en el plazo de veinte días compareciera y contestase, lo que llevó a cabo en el sentido de oponerse a ella.


SEGUNDO: Seguidamente, se convocó a las partes a la audiencia previa prevista en los artículos 414 y siguientes de la LEC, que se celebró el 19.02.2019 y en la que comparecieron las partes personadas. Las partes se ratificaron en sus respectivos escritos.

A continuación, se fijaron los siguientes hechos controvertidos

  1. Si se informó o no a la parte actora del TAE a aplicar.
  2. Si se le explicó o no el alcance jurídico y económico del contrato.
  3. Si se le dio o no al actor el citado contrato.
  4. Si el TAE aplicado es o no usurario.


Ambas partes propusieron como prueba la documental, que fue admitida. Por aplicación del art. 429.8 LEC, quedaron los autos vistos para sentencia.


TERCERO: En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El 28.12.2012, el actor suscribe el documento de solicitud de la Tarjeta Santander Consumer, Mastercard. En virtud del mismo, la demandada pone a disposición del titular un determinado límite de crédito, por un periodo de duración indefinida, permitiéndole realizar las siguientes operaciones: a) pagar bienes y servicios en cualquiera de los establecimientos adheridos; b) obtener dinero en efectivo en cajeros automáticos y en oficinas concertadas; realizar transferencias con cargo a la cuenta de la tarjeta; c) solicitar una línea de crédito adicional a la línea de crédito existente inicialmente. El reembolso de las cantidades debidas como consecuencia de la utilización de la tarjeta admite diversas modalidades: pago total: supone el adeudo mensual de la totalidad del crédito dispuesto; y pago aplazado: supone el aplazamiento del pago del crédito dispuesto. En este último caso, el cliente debe abonar un determinado interés remuneratorio, generando los impagos determinadas comisiones, que también se generan en otras circunstancias. Partiendo de ello, el demandante solicita que se declare con carácter principal la nulidad radical y absoluta del citado contrato por usurario, de modo que solo debería abonar como consecuencia del mismo el principal, devolviéndose la cantidad pagada de más, y subsidiariamente, la nulidad de los intereses remuneratorios con los efectos del artículo 1.303 CC.

SEGUNDO: Por lo que se refiere a la acción principal, el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios dispone que "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".
La parte actora invoca el primero de los supuestos indicados: interés superior al normal del dinero y desproporcionado.


Ambas partes admiten que el interés remuneratorio asciende al 23,52% mensual y el TAE al 27,91% (aunque la demandada dijo que sería un poco menor oscilando entre el 26-27,91%).

El estudio de esta cuestión debe partir de la STS de 25 de noviembre de 2015, que analizó un caso similar al presente. De dicha sentencia se extraen las siguientes conclusiones:

  1. Que la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios es aplicable a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las número 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.
  2. Que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
  3. Que el elemento comparativo del contrato que debe ser tenido en cuenta para determinar si el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero es el TAE y no el TIN, afirmando que "dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar sí el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados".
  4. Que el interés con el que debe compararse el TAE no es el interés legal, sino el interés de operaciones crediticias de la misma naturaleza que la que fuera objeto del contrato. En este sentido, señala la sentencia que "el interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.) ".


-Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». En principio, la normalidad no precisa de especial prueba, mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada.

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa determina que el contrato suscrito entre las partes deba ser calificado de usurario.

El interés pactado es notablemente superior al normal en operaciones de ese tipo. Según resulta de tabla (datos del Banco de España) acompañada con la demanda (documento n° 3), el tipo medio ponderado del crédito al consumo en la época de suscripción del contrato rondaba el 7%, mientras que en caso de tarjetas de crédito se situaba en el 23,52%. En el presente caso, el TAE ascendía al 27,91% (26% aun cuando se cogiera el fijado por la parte demandada). La diferencia entre ambos elementos y el pactado es lo suficiente alta como para considerarlo como usuario. De hecho, en el caso analizado por la STS antes indicada, el Tribunal Supremo consideró notablemente superior al interés normal un TAE del 24'6 % (inferior al analizado aquí), tratándose también de un contrato de revolving.

Por otra parte, la demandada no ha alegado, ni probado que concurran en el supuesto en concreto circunstancias excepcionales que justifique un interés tan elevado. Al menos nada de eso se dijo en el acto de la audiencia previa.

En consecuencia, debe considerarse nulo el contrato, en virtud del art. 1.1 de la Ley de 1908.

 

TERCERO: Las consecuencias de la declaración de nulidad están previstas en el artículo 3 de la Ley de 1908, que dispone que "declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado".

Por ello, debe estimarse la pretensión principal, de modo que la demanda solo tiene derecho a la devolución del capital dispuesto por el actor, sin poder cobrar ningún interés o comisiones, consecuencia ésta que también sería aplicable si se entrase en el análisis de la pretensión subsidiaria. El tipo de interés remuneratorio y el TAE no aparece en el anverso de la solicitud, sino en el reverso, con una letra absolutamente microscópica, al igual que las comisiones, lo que dificulta totalmente la comprensión del consumidor, impidiendo que tenga un conocimiento real de lo que suscribe y vulnerando la Ley de Condiciones Generales de Contratación, concretamente sus artículos 5 y 7.

CUARTO: Al haberse estimado la demanda, se imponen a la demandada las costas del presente procedimiento, conforme al art. 394.1 LEC

A la vista de tales antecedentes de hecho y fundamentos de derecho

 

FALLO

QUE ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por DON xxxxxxxxxxxxxxxxA representado por el Procurador Sra Ruiz Reina y asistido del Letrado Sr Renedo Arenal contra SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. representada por el Procurador Sr. Herrero Jiménez y asistida del Letrado Sr Valriberas Acevedo, DEBO DECLARAR Y DECLARO que el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre ambas partes el día 28 de diciembre de 2012 es nulo por contener un interés usurario, de modo que la demandada no podrá cobrar ningún interés ni comisiones por las cantidades dispuestas por el cliente, declarándose, por tanto, que la cantidad a devolver por parte de éste es exclusivamente el crédito del que ha dispuesto, de modo que debo condenar y condeno a SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. a reintegrar al actor, en su caso, cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito excedan de la cantidad dispuesta, lo que se determinará en ejecución de sentencia.

Y todo con costas para la entidad demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Sección 5ª de la AP de Cádiz, que habrá de interponerse ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución recurrida, previa consignación como depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre que modifica la LOPJ. Así lo pronuncio, mando y firmo.

Sentencia contra Cetelem por tarjeta revolving: Reclamar y denunciar con abogados especialistas

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Sentencia contra Cetelem por tarjetas revolving

SENTENCIA Nº 38/19 JDO 1ª INST Nº10 DE CASTELLÓN CONTRA CETELEM

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª SOFIA DIAZ GARCIA

Lugar: CASTELLON Fecha: dieciocho de febrero de dos mil diecinueve

PARTE DEMANDANTE: XXXXXXXXXXXXXXX Abogado: RENEDO ARENAL, FERNANDO Procurador: MURCIA SANCHEZ, JOSE MARIA

PARTE DEMANDADA BANCO CETELEM SAU Abogado: VICENTE MONLLEO LLERENA Procurador: AZNAR GOMEZ, IGNACIO JESUS

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero._ Por el Procurador de la parte actora se interpuso escrito de demanda en la que se decía que la Señora Balaguer funcionaria del Cuerpo de Policía, carece de conocimientos financieros adecuados, para alcanzar a comprender el entramado que supone el tipo de líneas de crédito revolving. La contratación de la tarjeta con sitema revolving, tuvo lugar como resultado de la manipulación que sufrió mi cliente, a quien al realizar una compra se le ofreció una forma fácil y rápida de realizar las futuras, pudiendo pagar lo que comprase en módicas cuotas, amortizando el total del capital prestado en pocos meses.

En fecha 15 de Febrero del 2011, la actora suscribió un contrato mediante el cual se hacía titular de una tarjeta de Crédito Sistema Flexipago, lo que viene siendo una Tarjeta Revolving perteneciente a la entidad demandada mediante formulario que le fue entregado y cumplimentado por un comercial la misma que nada le explicó. Resulta imposible conocer las condiciones salvo que se utilice una lupa, pues no cumple con los requisitos establecidos mínimos de 1,5 mm . Por otra parte, los extractos presentados por Banco Cetelem señala que la actora ha dispuyesto de una cantidad de 12.671 euros, que han devengado 9.223 euros de interees, y así, habiendo pagado casi 13.000 euros, todavía se le reclaman 9.000 euros.

Entiende la actora que el contrato es nulo en base a la Ley Azcárate, dado la nulidad del interés acordado, que es usurario, de forma que solo debe devolver la suma recibida.

Señala la actora que nos encontramos ante un contrato de adhesión con cláusulas abusivas, y en concreto la cláusula sobre interés remuneratorio del contrato.

Por lo expuesto solicita la nulidad del contrato,; subsidiariamente la nulidad de la cláusula sobre interés remuneratorio condenando a Banco Cetelem a devolver las cantidades abonadas por intereses durante la vida el contrato.

Segundo._ Admitida a trámite de demanda por decreto de 4 de octubre de 2018, se dio traslado de la misma a la demandada, que compareció oponiéndose a la demandaEn fecha 15 de febrero de 2011, se suscribió contrato por las partes, contrato de tarjeta de crédito en el que se acuerda como importe de financiación 11.950,37 euros, y como intereses, 5.189,61 euros y no, 9.223 euros que dice la actora. No es cierto que la actora no conociera las condiciones del contrato cuando se puede ver claramente la línea de crédito, el interés, TAE y la cuota mensual inicial. No es cierto que no conociera el interés aplicado cuando todos los meses la demandada le remitió extractos de la cuenta donde constaban dichos intereses. Entiende la demandada que no existe ninguna claúsula abusiva; que de hecho se deja a libertad del cliente las cantidades a devolver ; que el tipo de interés que se ha aplicado en el presente caso, es el normal en esta clase de productos financieros. En todo caso, los intereses remuneratorios solo pueden ser analizados como usurarios, pero no como abusivos atendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Tercero._ en fecha 22 de enero de 2019 tuvo lugar la celebración de la audiencia previa y habiendo solicitado las partes como prueba únicamente la documental, quedaron los autos pendientes de dictar sentencia.

Cuarto._ Que en la sustanciación del presente procedimiento, se han observado todas las formalidades del orden procesal.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero._ Acción que se ejercita

En la presente relación jurídico procesal, se ejercita por la parte actora una acción de nulidad de contrato en base a los artículos 1.254, y ss del CC, al indicar que el contrato es nulo porque el interés es usurario. Subsidiariamente solicita se decrete la nulidad de la claúsula relativa al interés remunertorio por usurario.

El artículo 1.254 del Código Civil dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El artículo 1255 señala que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y el artículo 1256 indica que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. No obstante el artículo 1261 dispone que no hay contrato sino cuando concurren: consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación, indicando el artículo 1.258 que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento.

La ineficacia de un contrato supone la falta de producción de consecuencias, o cuando menos de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que son razonablemente esperadas en virtud de la celebración de un contrato como dice Diez Picazo. Siguiendo la clasificación que hace Castán la ineficacia es un termino genérico que se puede clasificar del siguiente modo: a) la falta de algún elemento esencial para la formación del negocio supondría su inexistencia ; b) la celebración del negocio violando un mandato o prohibición legal da lugar a su nulidad absoluta o radical; c) la existencia de un vicio o defecto en los requisitos del negocio provoca la anulabilidad o nulidad relativa; d) la lesión o perjuicio para las partes o para terceros conlleva la rescisión; y e) otras causas derivadas del negocio o sobrevenidas con posterioridad a su celebración supondría la resolución o revocación. No obstante se habla de nulidad radical tanto cuando no concurre alguno de los requisitos del artículo 1.261 del CC, como cuando el contrato es contrario a una norma imperativa. Por el contrario los contratos anulables son aquellos en que concurren todos los requisitos generales para su validez, pero adolecen de algún vicio susceptible de producir su ineficacia, contemplándose en el art. 1.300 del C.C. Mientras la acción solicitando la nulidad radical del contrato es imprescriptible, la acción de anulabilidad tiene un plazo de ejercicio que ha fijado la ley en cuatro años. (artículo 1.301 del CC).

Atendiendo a lo expuesto, y la redacción de la demanda, es claro que no nos encontramos ante la posible nulidad de un contrato por falta de causa, objeto o consentimiento, ni siquiera por vicio en consentimiento que tampoco se alega. Lo que se pretende por la actora es que se considere que el tipo nominal pactado en el contrato celebrado, es usurario.


Segundo._ Intereses remuneratorios. Carácter usurario.

En primer lugar señalar que los intereses remuneratarios forman parte del precio del contrato y por lo tanto su fijación se rige por el principio de autonomía de la voluntad y no pueden quedar bajo el control de abusividad, a diferencia de lo que ocurre con los intereses moratorios, que sí pueden ser declarados abusivos si vulneran la legislación de protección a los Consumidores y Usuarios.

En este sentido la AP de Badajoz en sentencia de fecha 28 de enero de 2015 indica: “Los intereses remuneratorios responden a la productividad del dinero como retribución por un préstamo y nacen del propio contrato, mientrasque los moratorios son una sanción por el retraso. Los intereses remuneratorios , a diferencia de los de demora, en principio no se pueden someter a control judicial si han sido redactados de manera clara y transparente dado que forman parte del precio y el art. 4.2 Directiva 93/13/CEE no permite la apreciación del carácter abusivo de cláusulas relativas a la definición del objeto principal del contrario ni a la adecuación entre precio y servicios, a menos que no se redacten de forma comprensible, por lo que el Juez tan sólo podría controlar el cumplimiento de la transparencia. En el mismo sentido, en el considerando 19 de la mentada Directiva se señala que «la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación».

Ahora bien los intereses remuneratorios sí pueden ser declarados usurarios y, por tanto, nulos, si se dan los supuestos previstos en la Ley de Usura. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de noviembre de 2015. A esta sentencia se refiere la dictada por la AP de Salamanca en fecha18 de marzo de 2016: “Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable….” También la AP de Barcelona en sentencia de 17 de junio de 2018 dispone: “..Ciertamente el precio no es revisable por el tribunal, pues la fijación de los elementos básicos o estructurales del contrato quedan sometidos al libre acuerdo de las partes, pues la autonomía de la voluntad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, cosa diferente es que el precio ha de quedar fijado de forma clara y precisa que permita al consumidor representarse de una manera adecuado el coste real, el objeto del contrato. El art ículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 , establece que "2. la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de una manera clara y comprensible."

La Sentencia del Tribunal Supremo 406/2012, de 18 de junio , indica que "si bien considera que las cláusulas sobre intereses remuneratorios sí tienen la cualidad legal de condiciones generales de la contratación, al mismo tiempo estima que afectando a un elemento esencial del contrato, no pueden ser objeto de control de contenido. La exclusión de tal control, con fundamento en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE , tiene por objeto evitar que los jueces puedan controlar los precios, asegurando, de esta forma, la función de asignación de los recursos que corresponde al mercado…. El objeto del control de equilibrio contractual son los derechos y obligaciones de las partes, no las prestaciones; es decir, los jueces pueden controlar el equilibrio jurídico del contrato, no el equilibrio económico. Así queda recogido en los artículos 80.1 c) y 82.1 TRLCU que se refieren expresamente a "justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes"; no existiendo criterios jurídicos para controlar la corrección del ajuste precioproducto.

La sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de mayo 2013 EDJ 2013/53424 declara: " 197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia que seguidamente se expone.
(...) 201. En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"(l)a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"(n)o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato (...); b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (...)"-.

(...) 210. Ahora bien, el art ículo 80.1 TRLCU dispone que "(e)n los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente (...), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (...)-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido". Lo que permite concluir que, además del filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio , el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil, del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo".

Partiendo, por tanto, que los intereses remuneratorios, como elemento esencial del contrato, quedan excluidos del control de contenido, pero sí pueden ser objeto de control por la vía de inclusión y de transparencia (artículos 5.5 y 7 de la ley de condiciones generales), se ha de concluir que no son exigibles las cantidades que se reclaman por intereses ordinarios, pues al hecho de que las condiciones generales aparecen recogidas en el reverso del documento, que no está firmado por la demandada, están redactadas en una letra de difícil lectura y sin que datos esenciales como el tipo concreto de interés aplicable aparezcan redactados en modo alguno, fijándose un TAE distinto en función de que los importes sean inferiores a 6.000 euros, o vayan de dicha suma hasta 9.000 euros y, por último, superiores a dicha cifra, ..”

Es este el caso que nos ocupa. Como se observa en el anverso del contrato que se acompaña, no figura el interés remuneratorio del mismo, a pesar de que existe una apartado para que se especifique el TIN y el TAE para la tarjeta flexipago que aparece sin cumplimentar. Hay que irse al reverso del contrato, con una letra de difícil lectura, que además no aparece firmado por la demandada, en el que se establecen los tipos de interés, que varían según la cantidad dispuesta, por lo que la demandada en el momento de contratar desconocía cuáles iban a ser los intereses remuneratorios que iba a pagar. Es más ni siquiera en la contestación a la demanda se indica cuáles son los intereses remuneratorios que se han aplicado.

Así pues, ni tan siquiera procede a analizar si el TIN o TAE aplicado es usurario pues ni siquiera supera el control de incorporación al contrato. De esta forma se estima la demanda, declarando nula la cláusula sobre interés remuneratorio por no superar el control de incorporación al contrato, y en consecuencia ,se acuerda la devolución de las cantidades abonadas por tal concepto durante la vida del contrato, con más los intereses legales desde la fecha de cada reclamación

 

Tercero._ Costas.

Que en cuanto a las costas procesales en aplicación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimar la demanda las costas se imponen a la demandada.

 

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Jose Maria Murcia Sánchez en nombre y representación de doña XXXXXXXXXXXXXX contra BANCO CETELEM S.AU debo declarar y declaro nula la claúsula sobre interés remuneratorio por no superar el control de incorporación al contrato, y en consecuencia,se acuerda la devolución de las cantidades abonadas por tal concepto durante la vida del contrato, con más los intereses legales y expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que contra la misma podrán interponer ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de esta resolución, para su remisión posterior ante la Ilma. Audiencia Provincial, según prevén los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en redacción dada por Ley 37/11 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal.

Líbrese testimonio de esta resolución para su constancia en autos, llevándose el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

 

Sentencia - Wizink por tarjetas revolving: Reclamar y denunciar con abogados especialistas

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Resumen Sentencia contra Wizink por tarjetas revolving

SENTENCIA Nº 26/19 JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 DE ASTURIAS CONTRA WIZINK

El pasado 20 de febrero de 2019 Reclama Por Mí volvió a lograr una sentencia favorable en una nueva reclamación de tarjetas de crédito abusivas contra Wizink.

En esta ocasión, la audiencia tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Mieres (Asturias) y el juez encargado del caso declaró la nulidad radical y absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario donde las condiciones aplicadas en 2006, momento de la contratación de la tarjeta Citibank, superaban el 20% TAE siendo del 26,82% en este caso.

Y es que, el tipo de interés medio de los préstamos al consumo en ese momento era del 8,39% por lo que los indicios de usura en esta reclamación de tarjeta revolving de Wizink ha sido evidente.

De esta forma, la entidad financiera Wizink ha sido condenada a eliminar los intereses y demás cargos adicionales que no corresponden a la cantidad financiada y como resultado la parte demandada se verá obligada a devolver al cliente un importe cercano a 12.000€.

La parte afectada por la usura de la tarjeta Wizink, anteriormente Bancopopular-e y Citibank. decidió reclamar al observar que la deuda no paraba de crecer y que los intereses generados cada mes superaban las propias cantidades que amortizaba pese a no utilizar la tarjeta desde hace años.

Tenemos que recordar que este tipo de condiciones financieras de crédito están presentes en otras tarjetas y líneas de crédito revolving de entidades como Cetelem, Cofidis y Carrefour. Por otra parte, entidades financieras más conocidas por prestar servicios financieros tradicionales como BBVA, Bankinter, Santander, EVO y Caixabank también se han unido a la comercialización de tarjetas revolving donde el tipo de interés es superior al 20% .

Si ese fuera su caso, debería consultarlo con un especialista ya que hay opciones de reclamar la eliminación de los intereses, comisiones y otros cargos adicionales como la prima de seguro de pagos protegidos.

 

Aquí la sentencia completa contra Wizink por tarjetas revolving

SENTENCIA Nº 26/19 JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 DE ASTURIAS CONTRA WIZINK

SENTENCIA: 00026/2019 C/ JARDINES DEL AYUNTAMIENTO S/N Teléfono: 985.46.49.77, Fax: 985.45.31.37 Modelo: N04390

N.I.G.: 33037 41 1 2018 0001319 ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000452 /2018 Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION DEMANDANTE D/ña. XXXXXXXXXXXXXXX Procurador/a Sr/a. JOSE MARIA MURCIA SANCHEZ Abogado/a Sr/a. FERNANDO RENEDO ARENAL DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK SA Procurador/a Sr/a. JOAQUIN MARIA JAÑEZ RAMOS Abogado/a Sr/a. MARIA JOSE COSMEA RODRIGUEZ

 

SENTENCIA

En Mieres, a veinte de febrero dos mil diecinueve.

Vistos por doña Úrsula Pérez Junco, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mieres, los presentes autos seguidos por los trámites del juicio ordinario con el nº 452/18, a instancias de doña XXXXXXXXXXXXXXX, representada por el Sr. Procurador José María Murcia Sánchez y asistido por el Sr. Letrado Fernando Renedo Arenal, frente a la entidad Wizink Bank S.A., representada por el Sr. Procurador Joaquín María Jañez Ramos y asistida por la Sra. Letrada María José Cosmea Rodríguez, sobre nulidad contractual por usura.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 29 de octubre de 2018 tuvo entrada en este Juzgado escrito de demanda, formulado por la representación procesal de doña XXXXXXXXXXXXXXX, en el que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales que cita, se concluía suplicando se dictase sentencia por la que declare: A) la nulidad radical y absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura. B) Subsidiariamente, declare la abusividad y nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 1303 del código civil. C) En cualquiera de los supuestos anteriores, se condene a la entidad Wizink Bank a fin de que reintegre a mi representado cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito, excedan a la cantidad dispuesta, que esta parte no puede concretar. D) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la entidad demandada para que se personara en autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma, en el sentido de oponerse e interesar se dicte sentencia desestimando la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Celebrado el acto de audiencia previa, no proponiéndose más prueba que la documental ya obrante en autos, y tras la manifestación por las partes de sus conclusiones, se dio por concluido el acto, quedando los autos pendientes de Sentencia.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de doña XXXXXXXXXXXXXXX, se ejercita la acción de nulidad prevista en la Ley de Usura de 23 de Julio de 1908, alegando esencialmente que: el 4 de diciembre de 2006 la actora suscribió con la demandada un contrato de tarjeta de crédito mediante formulario cumplimentado por el comercial, sin que se informara a la demandante sobre el interés que generaría el contrato; que se fijó un interés remuneratorio TAE del 26,82% por efectivo y un 24,71% por compras, siendo el interés medio de los préstamos al consumo en aquel momento del 8,39% y sin que concurrieran circunstancias en el caso que justificaran tal interés notablemente superior al normal del dinero, por lo que es nulo por usura; subsidiariamente, se alega que la cláusula es abusiva.

La demandada se opuso a la estimación de la demanda, alegando esencialmente: que proporcionó a la demandante información suficiente y aparece además recogida en el contrato, que no debe tenerse en cuenta el TAE porque incluye otros conceptos que no forman parte del precio del contrato como es el TIN y que ésta ascendía a la firma al 24%, que el demandante no accedió al contrato por una situación angustiosa o por tener limitadas sus facultades mentales, que el interés fijado ha de compararse con los tipos de interés medios de contratos de tarjetas de crédito con pago aplazado a la firma del contrato, que el interés se fija en atención al riesgo de este tipo de operaciones, que es aplicable la doctrina de los actos propios al haber recibido liquidaciones y extractos de las operaciones mensuales sin oponer nada, que concurre mala fe y enriquecimiento injusto.

SEGUNDO.- El primer párrafo del artículo 1 de la Ley de 23 de Julio de 1908 de Represión de la Usura señala que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

No se discute en el caso de autos la aplicación de tal Ley, aunque no nos encontremos ante un contrato de préstamo, pues el artículo 9 señala que “lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”. En cuanto a tal ámbito de aplicación, la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo 628/2015 de 25 de noviembre, que se refiere a un crédito de las mismas características que el litigioso, sostiene que la misma ha de ser aplicada a “una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”.

Señala también la misma sentencia, en cuanto a los requisitos previstos en el artículo, que “A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley”.

TERCERO.- En cuanto al alegado carácter usurario del crédito, discute la parte demandada cuáles han de ser los parámetros de comparación a efectos de aplicación de la Ley de Represión de la Usura, afirmando que han de compararse intereses remuneratorios de tarjeta de crédito y no TAE sino TIN.

En lo que respecta al parámetro de comparación, la STS declaró al respecto: "El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2.001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España (…)”
“En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».” Y “Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».
En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal".

El criterio adoptado por la STS es el de comparación con el interés medio de los créditos al consumo, comparando TAE y no TIN. En igual sentido, la Sentencia núm. 390/2017 de 21 julio, de la Sec. 7ª de la Audiencia Provincial (en adelante, AP) de Asturias, señaló que “las tarjetas de crédito no se utilizan generalmente como antaño tan sólo para efectuar pagos al contado o autorizar disposiciones en cuenta corriente sujetas tan sólo al devengo de intereses de demora, sino que constituyen en la actualidad un instrumento de crédito para financiar operaciones al consumidor sujetas a las mismas garantías que la concesión de un préstamo, por lo que no resulta justificado que una entidad conceda a un cliente un préstamo al consumo a un interés proporcionado y sin embargo si se utiliza una tarjeta vinculada a la entidad para financiar créditos al consumo, se exijan a ese mismo cliente intereses que dupliquen los anteriores, y tal consideración se impone sin duda, en aras de garantizar la adecuada tutela del consumidor dado que el interés remuneratorio no es susceptible de control por abusividad y no existe una específica regulación legal que determine el máximo de los intereses remuneratorios a percibir, de modo que si bien debe hacerse la comparación entre el interés del préstamo y el que arroja la libertad del mercado, ha de hacerse con las correcciones que indica la sentencia de Pleno si no hay circunstancias probadas que justifiquen la procedencia de un interés superior.”. Por su parte, la Sentencia núm. 266/2017 de 10 julio, de la Sec. 5ª de la AP de Asturias, señaló que tal criterio es el seguido “ por esta Sala (sentencias de fecha 7-10- 2.016, 7-4 y 23-5 2.017) y por otras muchas de nuestras Audiencias ( SAP Pontevedra, Sección 6ª, de fecha 27-10-2.016 , Salamanca, Sección 1ª, de fecha 18-3 - 2.016, Barcelona, Sección 14ª, de fecha 29-12-2.015 , Jaén, Sección 1ª, de fecha 17-2-2.016 , Guipúzcoa, Sección 2ª, de fecha 15-2-2.016 , Madrid, Sección 20ª, de fecha 202-2.017 , Badajoz, Sección 3ª, de fecha 15-2-2.017 , Murcia, Sección 1ª, de fecha 24-10-2.016 y Lleida, Sección 2ª, de fecha 2-5-2.016 ....).” y, analizando el informe pericial aportado en tal supuesto por la entidad demandada, con el que se pretendía acreditar el mayor riesgo en el crédito inherente a los contratos de tarjeta de crédito, que justificaría un interés remuneratorio notablemente superior en los mismos al normal en los préstamos al consumo, afirmó “que no se considera el medio de financiación mediante tarjeta de crédito como un género distinto de los contratos a la financiación para el consumo, sino como una especie de aquéllos en que el interés remuneratorio más elevado se justifica por el riesgo inherente a su configuración, es decir y por tanto, en razón del segundo de los requisitos establecidos por la Ley de Usura ( LEG 1908, 57 ) , a saber, las circunstancias concurrentes” y concluyó, tras analizar cada elemento que se alegaba como diferenciador, señalando que “siendo cierto que la Circular del Banco de España 5/2.012 de 27 de junio ( RCL 2012, 943 y 1390) , en su anejo 1, recoge como supuesto distinto (dentro de los préstamos sujetos a la L.Cr.C.) los préstamos o créditos facilitados mediante tarjeta de crédito hasta 6.000 y 4.000 €, también lo es que, desde la consideración y aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella Norma y sus efectos debería acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique.”.

En el caso de autos, doña XXXXXXXXXXXXXXX concertó el 4 de diciembre de 2006 con Citibank (ahora Wizink) un contrato que le permitía disponer de una línea de crédito. El tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato era del 26,82% TAE para efectivo y 24,71% TAE para compras (lo que no ha sido negado por la demandada). Se ha acreditado por la actora que a tal fecha el interés medio para los créditos al consumo era del 8,398% TAE (hecho no discutido por la demandada), por lo que el interés aplicado es notablemente superior al normal del dinero a tal fecha, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, sin que la utilización como parámetro de comparación del TIN del 24% alegado por la demandada modificase tal conclusión.

En lo que respecta al requisito de que sea desproporcionado con las circunstancias del caso, partiendo de que se ha señalado que el interés fijado fue superior al normal para los fijados en operaciones de préstamos al consumo en tal fecha, no se ha acreditado que en el supuesto a que se refieren las actuaciones concurrieran circunstancias concretas que lo justificaran, circunstancias que debía acreditar la parte que las alega (en este caso la demandada), no habiendo aportado prueba al respecto. No habiendo justificado la parte demandada que en el caso de autos concurriesen circunstancias que justificasen tal interés, se ha de acoger la demanda en cuanto al carácter usurario del crédito.

El carácter usurario del interés remuneratorio conlleva la nulidad del contrato. Según el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.”

En cuanto a las alegaciones de la demandada en relación a la doctrina de los actos propios, deben rechazarse, pues como señaló la reciente Sentencia núm. 17/2019 de 18 enero, de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Asturias, “estándose ante una nulidad radical o absoluta, no resulta de aplicación al caso la doctrina de los actos propios ni la regulación sobre la confirmación del contrato (artículos 1310 y concordantes del Código Civil (LEG 1889, 27)) pues esta clase de nulidad no puede ser objeto de sanación (sentencias del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1988, 31 de enero de 1991, o 21 de enero de 2000, entre otras muchas).”.

Finalmente, respecto a las alegaciones de abuso de derecho o mala fe, han de decaer por iguales motivos. En cuanto al enriquecimiento injusto, no concurre en el caso de autos, pues la demandante habrá de devolver el dinero prestado, y la sanción de nulidad por la que la demandada pierde el precio fijado en el contrato deriva de su propia actuación fijando un interés nulo por usurario, y no de la actitud de la demandante.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el nº 1 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas causadas a la parte demandada.


Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente aplicación:

 

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de doña XXXXXXXXXXXXXXX frente a la entidad Wizink Bank S.A., declaro:

1.- La nulidad radical y absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario con los efectos inherentes a tal declaración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura.

2.- Condeno a la entidad Wizink Bank a reintegrar a la actora cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito, excedan a la cantidad dispuesta, que se determinarán en ejecución de sentencia.

Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación en el término de los veinte días siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

¿Qué es una tarjeta revolving?

Una tarjeta revolving o crédito revolvente es una línea de crédito concedida por una entidad financiera a un cliente con un límite establecido generalmente por debajo de 10.000€, que se renueva mensualmente de manera constante.

La principal diferencia con respecto a un crédito tradicional reside en la flexibilidad que nos ofrece la entidad financiera para pagar las cuotas donde el cliente tendrá que amortizar la cantidad solicitada mediante pagos fraccionados como si se tratara de un préstamo personal, es decir, no existe un número fijo de cuotas y el cliente puede negociar el sistema de pago de cuotas (pago fijo o pago porcentual).

Además, puede amortizar anticipadamente cuando lo desee, dentro de un plazo mínimo, o aplazarlo aportando siempre una cantidad mínima establecida. Técnicamente hablando, se trata de un producto financiero híbrido entre el crédito tradicional y el préstamo personal.

Por último, existen establecimiento financieros no supervisados por el Banco de España que se dedican única y exclusivamente a ofrecer este tipo de servicios. Por lo que no hay una normativa que vigile a este tipo de entidades.

Entre las más conocidas podemos encontrar: Wizink, Cetelem, Santander Consumer Finance, Alcampo, Cepsa, BBVA...

Sentencia del Supremo sobre tarjetas revolving

El Supremo considera que si se cumplen los requisitos para considerar que infringe la Ley de Represión de la Usura se deberán considerar abusivos y por tanto nulos.

La norma, dictada en 1908, no pone límites precisos, pero sí fija los requisitos para considerar que un préstamo es leonino: lo será aquel que fije un interés "notablemente superior al normal del dinero" y que sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

En concreto el Tribunal Supremo, el 28 de octubre de 2015 en el Pleno de la Sala de lo Civil concluye e el caso juzgado que el interés es “notablemente superior al normal del dinero".

Tomando como referencia la TAE de los créditos concedidos de carácter personal por el Banco de España se puede comparar el coste anual del microcrédito, crédito rápido o tarjeta revolving y compararlo con el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado para considerar si el interés contratado es "notablemente superior al normal del dinero" y en caso de ser abusivo reclamar.

Cómo reclamar y denunciar una tarjeta revolving

Actualmente, los casos en los que afectados por los créditos revolving desean reclamar están aumentando considerablemente y desde Reclama Por Mí queremos ayudar a reclamar a cualquier usuario afectado por este tipo de contrato. Uno de nuestros abogados especializados en reclamaciones bancarias estudiará su caso gratis y analizaremos la viabilidad de la reclamación de la tarjeta revolving.

 

RECLAMAR TARJETA REVOLVING

Ejemplo de Tarjeta Revolving

Imaginemos que queremos pedir una tarjeta revolving de 3.000€ para hacer frente a un bache económico. Para ello, firmamos la tarjeta con un interés del 22% nominal cuyo TAE es del 28% el día 1 de marzo de 2018.

Como estamos algo apurados acordamos que iremos devolviendo a razón de 80€ mensuales el crédito para poder hacer frente a las cuotas.

Atendiendo a este ejemplo por un crédito de 3.000€ acabaríamos abonando 2.869€ en intereses. Es decir, que por un crédito de 3.000€ acabaríamos pagando en noviembre del año 2023, la cantidad de 5.869€.

Ahora imaginemos que no somos capaces de hacer frente al cabo de un mes a la siguiente cuota. Por ello decidimos bajar la cuota al mínimo mensual que supone, según lo que nos indica la entidad, 71€ al mes. En ese momento no sólo tendremos que hacer frente a la comisión por impago y demora por cambiar las condiciones, sino que nuestros intereses aumentarían. ¿Cuánto?

Sin tener en cuenta esas comisiones de demora y penalización, si cambiáramos la cuota a pagar de 80€ a 71€ para devolverla “en cuotas más cómodas”, algo que a primera vista puede parecer prácticamente insignificante, tardaríamos en devolver el crédito 15 años tras pagar la cantidad de 13.121€.

 

Ejemplo sentencias de Reclama Por Mí

SENTENCIA Nº 26/19 JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 DE ASTURIAS CONTRA WIZINK

El pasado 20 de febrero de 2019 Reclama Por Mí volvió a lograr una sentencia favorable en una nueva reclamación de tarjetas de crédito abusivas contra Wizink.

En esta ocasión, la audiencia tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Mieres (Asturias) y el juez encargado del caso declaró la nulidad radical y absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario donde las condiciones aplicadas en 2006, momento de la contratación de la tarjeta Citibank, superaban el 20% TAE siendo del 26,82% en este caso.

Y es que, el tipo de interés medio de los préstamos al consumo en ese momento era del 8,39% por lo que los indicios de usura en esta reclamación de tarjeta revolving de Wizink ha sido evidente.

De esta forma, la entidad financiera Wizink ha sido condenada a eliminar los intereses y demás cargos adicionales que no corresponden a la cantidad financiada y como resultado la parte demandada se verá obligada a devolver al cliente un importe cercano a 12.000€.

La parte afectada por la usura de la tarjeta Wizink, anteriormente Bancopopular-e y Citibank. decidió reclamar al observar que la deuda no paraba de crecer y que los intereses generados cada mes superaban las propias cantidades que amortizaba pese a no utilizar la tarjeta desde hace años.

Tenemos que recordar que este tipo de condiciones financieras de crédito están presentes en otras tarjetas y líneas de crédito revolving de entidades como Cetelem, Cofidis y Carrefour. Por otra parte, entidades financieras más conocidas por prestar servicios financieros tradicionales como BBVA, Bankinter, Santander, EVO y Caixabank también se han unido a la comercialización de tarjetas revolving donde el tipo de interés es superior al 20% .

Si ese fuera su caso, debería consultarlo con un especialista ya que hay opciones de reclamar la eliminación de los intereses, comisiones y otros cargos adicionales como la prima de seguro de pagos protegidos.

Sentencias por tarjeta revolving contra otras entidades

Aquí puedes ver alguna de las muchas sentencias sobre tarjetas revolving que hemos subido a la plataforma

Plataforma de afectados

Si quieres unirte a la plataforma de afectados por tarjetas revolving puedes hacerlo aquí

Denunciar y reclamar tarjeta revolving: afectados por intereses

Reclamar y denunciar microcredito: afectados por intereses

98%
DE CASOS DE ÉXITO

Listado de tarjetas revolving existentes susceptibles de reclamar


BANCO SABADELL /ACTIVOBANK

  • Tarjeta MasterCard Classic
  • Tarjeta MasterCard SIN
  • Tarjeta VISA SIN
  • Tarjeta MasterCard Esquí
  • Tarjeta MasterCard Oro
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta VISA Platinum
  • Tarjeta VISA Shopping Oro


BANCO SANTANDER

  • Tarjeta MasterCard Box Gold
  • Tarjeta MasterCard Día a Día
  • Tarjeta MasterCard Santander 123
  • Tarjeta MasterCard Santander 20
  • Tarjeta MasterCard Santander Plus
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta Santander PRIME
  • Tarjeta Mundo 1l2l3
  • Tarjeta Mi Otra 1l2l3
  • Tarjeta Zero 1l2l3
  • Tarjeta Mi Otra Zero 1l2l3
  • Tarjeta Iberia Classic
  • Tarjeta Iberia Icon
  • Tarjeta LaLiga Santander

SANTANDER CONSUMER FINANCE

  • Tarjeta Visa Light
  • Tarjeta Visa Box
  • Tarjeta Mastercard B
  • Tarjeta Worten
  • Tarjeta General Óptica

BANKIA

  • Tarjeta MasterCard Champions Crédito
  • Tarjeta VISA Compras
  • Tarjeta VISA Crédito Particulares
  • Tarjeta VISA Crédito Plus
  • Tarjeta VISA Dual Plus
  • Tarjeta VISA Flexible
  • Tarjeta VISA ON
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta Visa ONG de Bankia
  • Tarjeta Visa Acción contra el hambre de Bankia
  • Tarjeta Visa Acnur de Bankia
  • Tarjeta Visa Ayud en Acción de Bankia
  • Tarjeta Visa Cruz Roja de Bankia
  • Tarjeta VISA Manos Unidas de Bankia
  • Tarjeta Visa Medicus Mundi de Bankia
  • Tarjeta Visa Unicef de Bankia
  • Tarjeta Visa Paralímpicos de Bankia

 

BANKINTER

  • Tarjeta VISA Quiero
  • Tarjeta VISA Única Clásica
  • Tarjeta VISA Única Oro

 

BARCLAYCARD

  • Tarjeta VISA Barclaycard
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Oro


BBVA

  • Tarjeta MasterCard Negocios
  • Tarjeta VISA A Tu Ritmo
  • Tarjeta VISA A Tu Ritmo Blue
  • Tarjeta VISA Después
  • Tarjeta VISA Después Blue
  • Tarjeta MasterCard Infinit Oro
  • Tarjeta VISA CX Oro
  • Tarjeta Repsol más Visa
  • Tarjeta Motor+
  • Tarjeta Viajes+
  • Tarjeta Iberia Classic
  • Tarjeta Iberia Icon
  • Tarjeta Dorada Renfe


BBVA Consumer finance

  • Affinity Card
  • Mastercard Travel Club
  • Visa Club Vips
  • Visa Consum
  • Visa De Compras


CAIXABANK

  • Tarjeta American Express Amex Plus
  • Tarjeta American Express Plus
  • Tarjeta MasterCard
  • Tarjeta MasterCard Estrella
  • Tarjeta MasterCard Oro
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Gold
  • Tarjeta VISA Gold Flexible
  • Tarjeta VISA Imagin Crédito
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta VISA Platinum
  • Tarjeta VISA Platinum Gold


CAJA ESPAÑA/ESPAÑA DUERO

  • Tarjeta VISA Clase Oro


CAJASUR

  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Dual
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta VISA Red

 

EVO BANCO

  • Tarjeta MasterCard
  • Tarjeta MasterCard España
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Mujer
  • Tarjeta MasterCard Evo Crédito
  • Tarjeta VISA Inteligente


EVOFINANCE

  • Tarjeta VISA EVO Finance Clásica.

DEUTSCHE BANK

  • Tarjeta VISA Familia
  • Tarjeta VISA Preferente
  • Tarjeta VISA Preferente Oro
  • Tarjeta VISA Shopping
  • Tarjeta MasterCard Premium Gold

CAIXABANK CONSUMER FINANCE/FINCONSUM / 
CAIXABANK PAYMENTS

  • Tarjeta VISA HIT
  • Tarjeta MEDIAMARKT CLUB CARD VISA
  • Tarjeta IKEA VISA
  • Tarjeta VISA FNAC
  • Tarjeta VISA KYMCO GENIUS
  • Tarjeta VALLESCAR VISA
  • Tarjeta VISA HIT E.LECLERC


Oney

  • Tarjeta Alcampo
  • Tarjeta Decathlon
  • Tarjeta AKI
  • Tarjeta Leroy Merlin
  • Tarjeta Simply

Cetelem

  • Sygma


IBERCAJA

  • Tarjeta MasterCard Acqua
  • Tarjeta MasterCard Compra Plus
  • Tarjeta MasterCard Crédito
  • Tarjeta MasterCard Platinum
  • Tarjeta VISA Clase Oro
  • Tarjeta VISA Diamante
  • Tarjeta VISA Dual
  • Tarjeta VISA Platinum
  • Tarjeta VISA Platinum Global
  • Tarjeta VISA Universal

ING DIRECT

  • Tarjeta VISA Oro


KUTXABANK

  • Tarjeta VISA Extra
  • Tarjeta VISA Flexibuy
  • Tarjeta VISA K26+
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta Dual
  • Tarjeta Nakar


LIBERBANK

  • Tarjeta MasterCard Classic
  • Tarjeta MasterCard Más
  • Tarjeta MasterCard Platinum
  • Tarjeta VISA Oro


OPEN BANK

  • Tarjeta VISA 123
  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Open Credit
  • Tarjeta VISA Oro


TARGOBANK

  • Tarjeta MasterCard Business Solred
  • Tarjeta VISA Global Bonus+
  • Tarjeta VISA Global Élite


UNICAJA

  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta Business Gold
  • Tarjeta Blue
  • Tarjeta Gold
  • Tarjeta Platinum


ABANCA

  • Tarjeta VISA Clásica
  • Tarjeta VISA Oro
  • Tarjeta TU
  • Tarjeta VISA Proyecta
  • Tarjeta VISA Clip


BANCO CAMINOS

  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Oro

 

BANCO MARE NOSTRUM

  • Tarjeta MasterCard
  • Tarjeta VISA Oro

BANCO MEDIOLANUM

  • Tarjeta VISA Classic
  • Tarjeta VISA Oro

 

WIZINK

  • Tarjeta VISA Classic (antes Popular‐e, y antes Citibank)
  • Tarjeta VISA Oro (antes Popular‐e, y antes Citibank)
  • Tarjeta Citi Classic +
  • Tarjeta Citi Twin
  • Tarjeta Barclaycard Oro
  • TarjetaNueva Visa Barclaycard
  • Tarjeta Visa Pass Carrefour
  • Tarjeta Visa Cepsa
  • Tarjeta Banco popular‐e
  • Tarjeta Iberia Sendo
  • Tarjeta Global Bonus

BANKINTER CONSUMER FINANCE

  • Tarjeta VISA COINC
  • Tarjeta BankinterCard Oro
  • Tarjeta BankinterCard Platinum
  • Tarjeta BinterMás Platinum
  • Tarjeta VISA Air Europa SUMA
  • Tarjeta VISA Vodafone
  • Tarjeta VISA Mi BP
  • Tarjeta VISA Pullmantur
  • Tarjeta Línea Directa Aseguradora
  • Tarjeta Renault
  • Tarjeta Dacia
  • Tarjeta Nissan +
  • Tarjeta Halcón Viajes
  • Tarjeta Viajes Ecuador

SELF BANK

  • Tarjeta American Express Self Bank
  • Tarjeta VISA Crédito Clásica
  • Tarjeta VISA Crédito Oro


UNOE

  • Tarjeta VISA crédito Unoe

Tarjetas Revolving vinculadas a acciones sociales

  • Tarjeta Visa ONG de Bankia
  • Tarjeta Visa Acción contra el hambre de Bankia
  • Tarjeta Visa Acnur de Bankia
  • Tarjeta Visa Ayuda en Acción de Bankia
  • Tarjeta Visa Cruz Roja de Bankia
  • Tarjeta VISA Manos Unidas de Bankia
  • Tarjeta Visa Medicus Mundi de Bankia
  • Tarjeta Visa Unicef de Bankia
  • Tarjeta Visa Paralímpicos de Bankia
  • Tarjeta Visa Solidaria de Bankinter

APARICIONES EN PRENSA

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