Nuestra clienta, soltera y sin personas a su cargo, se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica tras una serie de circunstancias desafortunadas. Tras la pandemia, se separó de su expareja, lo que la llevó a mudarse sola a un nuevo alquiler. Esta situación, sumada a la precariedad laboral que venía arrastrando con varios contratos temporales, la dejó sin empleo estable y con una creciente dependencia de financiación al consumo y tarjetas revolving para cubrir sus gastos básicos.
Con el tiempo, las deudas comenzaron a acumularse, principalmente con entidades como Cetelem, Cofidis, Caixabank Payments, El Corte Inglés y otras entidades compradoras de deuda. La situación se volvió insostenible, hasta el punto de enfrentarse a varios procedimientos judiciales que, de no haber sido por la intervención de nuestro equipo, habrían continuado hasta su desenlace más desfavorable.
El proceso de exoneración
El proceso comenzó a finales de marzo de este año, cuando se presentó la demanda para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. En abril, se firmó el poder necesario para representarla legalmente, y apenas tres meses después, en junio, conseguimos el Expediente de Pasivo Insatisfecho (EPI) que confirmó la exoneración total de sus deudas.
Lo que hace este caso particularmente destacable es la rapidez con la que se ha logrado la resolución. Tres meses es un plazo excepcionalmente breve para un procedimiento de este tipo, lo cual refleja no solo la efectividad de la Ley de la Segunda Oportunidad, sino también la diligencia y experiencia de nuestro equipo legal.
Lecciones del caso
Este caso demuestra la importancia de actuar rápidamente ante situaciones de insolvencia. Además, subraya la importancia de un asesoramiento legal especializado. Nuestros abogados no solo detuvieron los procedimientos judiciales en curso, sino que también aseguraron que nuestra clienta cumpliera con todos los requisitos legales para obtener la exoneración lo antes posible.
