En nuestro despacho acabamos de cerrar un caso con un matiz muy importante para quienes dudan si acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad por miedo a perjudicar a alguien más, se puede resolver la insolvencia propia sin arrastrar a la persona a la que avalaste.
Cuando el negocio no sobrevive a la pandemia
La protagonista, a quien llamaremos K.S.Q.C. por confidencialidad, tiene 52 años, vive en Pamplona y emprendió en el sector de la hostelería, uno de los más castigados por el Covid-19. Cuando la actividad se detuvo, los ingresos desaparecieron, pero las obligaciones no. Para sostenerse recurrió a créditos y financiaciones que, con el cierre definitivo del negocio, ya no pudo atender.
Después llegaron los años del desempleo, los trabajos inestables y los sueldos bajos, además de varias tragedias familiares que complicaron aún más su situación personal. Hoy trabaja como peón de limpieza con unos ingresos de unos 957 euros mensuales, sin bienes a su nombre y sin nadie a su cargo, con una deuda que ninguna cuota mensual podía reducir.
Procedimientos judiciales en marcha
Varias de sus deudas ya habían llegado a los juzgados. Cuando iniciamos el proceso al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad, aportando la documentación necesaria para acreditar buena fe e insolvencia real, la exoneración obtenida puso fin a esos procedimientos, que quedaron sin efecto.
Un crédito que se quedó fuera, y por una buena razón
En el expediente había una excepción importante, un crédito con una financiera de vehículo. K.S.Q.C. no era la titular, sino fiadora, y el titular del préstamo estaba al corriente de pago. Por ese motivo, esa deuda quedó al margen del concurso y no formó parte de la exoneración.
Lejos de ser un inconveniente, fue la solución más sensata. El crédito siguió su curso con normalidad, sin que la solicitud afectara en nada a la persona que realmente utiliza el vehículo ni al contrato con la financiera.
Cinco meses de principio a fin
La demanda se presentó en abril de 2026, fue admitida a trámite en mayo y la exoneración fue concedida en septiembre de 2026. Cinco meses para cancelar 19.629,07 euros de deuda privada y detener los procedimientos judiciales abiertos.
Acogerse a la ley no obliga a arrastrar a nadie más
El caso de K.S.Q.C. demuestra que una persona que avaló a otra puede resolver su situación de insolvencia sin perjudicar al titular de ese crédito, siempre que este último esté al corriente de pago. A los 52 años y tras un negocio frustrado por la pandemia, pone punto final a una etapa difícil y empieza otra sin deudas.
En Reclama Por Mí estamos orgullosos de haber acompañado a K.S en este proceso. Si tu situación es parecida a aquella de nuestra protagonista, eres fiador de algún crédito y, temes que, acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad perjudique a otra persona, en www.reclamapormi.com podemos estudiar tu caso sin compromiso y te decimos si te puedes acoger.
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