La banca española no parece muy dispuesta a encajar el golpe que la devolución de las cláusulas suelo puede provocar en sus cuentas.
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O al menos, no sin antes intentar alguna maniobra defensiva que reduzca la intensidad del impacto, que, según los cálculos del Banco de España, podría llegar hasta los 4.200 millones en caso de que todos los clientes con hipotecas que contengan condiciones abusivas opten por solicitar el reintegro y todas las reclamaciones sean aceptadas.
Por ello, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo procedimiento extrajudicial de resolución de las reclamaciones, las entidades están estudiando vías alternativas que permitan resarcir a los afectados sin tener que realizar un desembolso en efectivo. Un camino que abrió el Gobierno en el decreto aprobado el mes pasado. En él se establece que, una vez determinada la cantidad que el cliente tiene derecho a recuperar, el banco podrá ofrecerle una medida compensatoria alternativa. La oferta deberá ir acompañada de un cálculo detallado de su impacto económico, para que el consumidor pueda valorar si le conviene o no. Si tras pensárselo (tendrán que darle al menos quince días para estudiar la propuesta) decide aceptar, deberá firmar un consentimiento manuscrito para que no quede ninguna duda sobre el procedimiento seguido.
Tanto el Banco Sabadell como el Popular, dos de las entidades que han puesto en marcha esta semana el procedimiento extrajudicial de resolución de reclamaciones, especifican en los documentos informativos sobre el proceso que se reservan el derecho a proponer medidas compensatorias alternativas al pago en efectivo, que según explican en la segunda entidad podrían ir desde la rebaja del diferencial que se aplica al préstamo o la conversión de la hipoteca con interés variable en otra a tipo fijo. Una vía, esta última, que también han explorado en los últimos meses en el Sabadell, que sigue insistiendo en que la comercialización de sus préstamos con cláusula suelo fue transparente, por lo que no cabe una devolución generalizada, aunque están abiertos a una negociación individualizada con cada cliente «en beneficio mutuo», según explicó su presidente, José Oliu.
Donde no recogen expresamente la posibilidad de estudiar compensaciones alternativas es en Abanca. Su guía sobre el procedimiento extrajudicial iniciado ayer deja claro que, en caso de que la reclamación del cliente sea aceptada, la entidad procederá a la liquidación y pago de la cantidad acordada. Fuentes del banco confirmaron que se priorizarán los reintegros en metálico, aunque sin cerrar la puerta a otras soluciones que puedan ser del interés de algún cliente concreto. En su caso, tiene lógica que se opte por el desembolso en efectivo, ya que, por las condiciones de la subasta en la que Banesco adquirió la entidad, el FROB debe cubrir el 85 % de las devoluciones, lo que reduce el impacto potencial hasta los 30 millones.
Tranquilidad en el estreno
El nuevo sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones no abarrotó las sucursales. La imagen que ayer ofrecían las de Abanca y Popular, donde estrenaban el procedimiento, no era distinta a la de cualquier otro día. De hecho, los trabajadores aseguraron que el número de consultas fue el habitual de cualquier jornada y que hubo mucha más afluencia cuando se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE o cuando el Gobierno aprobó el decreto, aunque esperan que el goteo de clientes aumente durante los próximos días.
Una vez presentadas las reclamaciones (que se podrán tramitar en cualquier oficina y que deberán ir firmadas por todos los titulares del préstamo), los bancos tendrán hasta tres meses para resolver. Tanto Popular como Abanca han centralizado en A Coruña el proceso de revisión y resolución de las solicitudes de reintegro que, en el caso de la segunda, se ha querido agilizar reforzando la plantilla del departamento de atención al cliente.
