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Banco Popular seguirá la estrategia del resto de entidades financieras privadas del país ante la reclamación y la devolución de las cuantías cobradas de más con cláusulas suelo abusivas. La entidad, según ha explicado este viernes al presentar sus resultados, acata y cumplirá el real decreto aprobado por el Gobierno, que fija un mecanismo extrajudicial para atender a los clientes afectados. Eso sí, a diferencia de Bankia y BMN no hará una devolución generalizada sino que analizará caso a caso.
El sexto banco del país, uno de los más afectados por este asunto, tiene 120.000 clientes con una hipoteca cuyo tipo de interés está limitado por una cláusula suelo y que estarían amparados por el citado decreto ley. La dirección del Popular estimó que, si todas sus cláusulas fuesen opacas, tendría que devolver como máximo 639 millones de euros. De esa cuantía ya provisionó 350 millones a principios de 2015. Ahora, y con cargo a los resultados de 2016 ha dotado 229 más, elevando la cobertura total a 579 millones.
La entidad considera que con esa provisión, que supone más del 90% del riesgo total máximo, tiene cubierta ya la contingencia, pues considera que algunos clientes no tendrán derecho a la devolución. Se trata básicamente de hipotecados que, sobre todo por su profesión o formación —economistas, notarios—, tienen conocimientos financieros suficientes para saber que la cláusula estaba en el contrato y que esta podría limitar el precio del crédito.
Como fuere, el banco abrirá un servicio de reclamaciones y, como fija la ley, calculará a cada demandante la cuantía que pago de más por esa cláusula. Posteriormente, y tras analizar el caso, contestará a cada consumidor ofreciéndole una solución —el pago en efectivo y una mejora en el préstamo— o rechazando la compensación.
Se trata de la misma postura que han adoptado otros bancos como BBVA y el Sabadell. Bankia y BMN, las dos entidades en manos del Estado, han decidido en cambio proceder a la devolución generalizada y exprés para ahorrarse costas judiciales.
